El 25 de abril, el director de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Eduardo Katz, afirmó en una entrevista en Radio Sarandí que “de cada diez personas que van a un equipo de salud mental, cuatro no deberían de concurrir”.

La conversación giraba en torno a las demoras que están ocurriendo en los centros de salud públicos en las consultas a solicitantes de atención en salud mental. “Esto requiere una capacitación del primer nivel de atención, y es en lo que estamos trabajando, porque van al psiquiatra porque el médico de familia o el médico generalista les hizo el pase. A mí me parece muy bien si realmente lo necesitan”, afirmó Katz.

Ante esto, el médico dijo: “Una disrupción de pareja, una pérdida de un empleo, un problema del color de pared de un edificio que los vecinos no se ponen de acuerdo y uno se enojó con el otro (…) Todo este tipo de angustias las personas tendrían que aprender a manejarlas y el médico de familia o el médico generalista tendría que aprender a abordarlas de una forma eficiente como para que el usuario no vaya a un psiquiatra de forma innecesaria”.

Consultado por este medio, el presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Artigas Pouy, afirmó no estar de acuerdo con las declaraciones de Katz. Ante una consulta previa de la diaria a raíz de los dichos de Katz, había señalado que el primer nivel “no está capacitado” para tratar situaciones vinculadas a la salud mental y que la capacitación es una reivindicación “de larga data”. Además, destacó la importancia de que “si alguien está sufriendo debe consultar”, ya que “es el sistema de salud el que debe acomodarse para recibir las demandas que existen”.

Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) emitió un comunicado en el que calificó como “grave” el desconocimiento de las autoridades de Salud Mental. La presidenta de Sumefac, Silvia Texeira, anunció a la diaria la solicitud de una reunión con Katz para que explique el origen de los datos vertidos por el jerarca.

Texeira cuestionó la fuente de las aseveraciones de Katz y señaló que para realizar esa afirmación “tenés que chequear todas las derivaciones a salud mental de todo el país y ver la causa de la derivación para saber que no tiene indicación de interconsulta”, además de “haber leído una por una”. Katz fue consultado por la diaria Verifica por el origen de los datos que sustentaran las afirmaciones y señaló que se trató de “un estimativo” a modo de ejemplo.

Si bien el sistema informático de ASSE registra la derivación y permite agrupar por departamento geográfico y técnico especialista, no permite sistematizar la causa, lo cual debería realizarse consulta a consulta. “Lo que sí sabemos es que cuando nosotros hacemos el pedido de interconsulta es porque lo requiere”, objetó Texeira.

Señaló que además de los casos dispuestos por la normativa, por ejemplo aquellos en que hubo un intento de autoeliminación, mucha veces deben derivar casos en los que no se les permite dispensar algunas medicaciones y no porque el médico no sepa hacer el diagnóstico.

Si bien Sumefac no cuenta con un estudio que contraponga el dato, la organización “no está de acuerdo” con los dichos de Katz y señaló que “la mayoría de las consultas hoy son de personas con problemas de salud mental” y que, de todos los casos evaluados, los derivados a la interconsulta son “muy pocos”.

También alertó sobre la escasez de los recursos humanos que tienen los equipos de salud mental de ASSE en el territorio. Por ejemplo, la zona comprendida por las ciudades de La Paz, Las Piedras y Progreso, con un alto nivel de usuarios de ASSE, cuenta con una sola psiquiatra de adultos. Es decir, hay una sola profesional para toda la población mayor de 15 años de edad, y tiene una lista de espera de aproximadamente un año. De acuerdo a la valoración efectuada de la situación de la zona, se calcula un mínimo de cuatro psiquiatras para atender toda la demanda. Esta situación se repite en Rivera, en donde ASSE cuenta con 45.000 usuarios para los que dispone de una sola psiquiatra en todo el departamento.

“Nosotros venimos hace tiempo tratando de cambiar que todos los pacientes que se atienden en salud mental tengan un médico de familia de referencia, porque de esta forma el médico puede ir controlando y sólo realizaría la interconsulta [con psiquiatra] en caso de que se descompense”, señaló Texeira. Y añadió: “De esta forma evitaríamos las horas que el psiquiatra tiene haciendo repeticiones [de medicación] de pacientes estables”.

Además, puso énfasis en no subestimar la angustia del paciente o sus motivos de consulta. “Hay gente que no tiene la posibilidad de salir adelante en una adversidad de ese tipo y muchas de las personas tampoco tienen una red de soporte que las ayude a superar esas crisis”, dijo.

Algunas cifras

Los últimos datos disponibles se encuentran en el documento del Plan Nacional de Salud Mental para el período 2020-2027, elaborado por la anterior administración, y que recoge estadísticas de las consultas entre enero y octubre de 2018.

Entonces, ASSE atendía a 1.351.000 usuarios, 39% de la población, de los cuales solamente 8.273 realizaron alguna consulta por salud mental. Del total de las 39.727 consultas del período analizado, 32% se debió a “trastornos del humor”, 14% a “trastornos de ansiedad y otros”, 12% a esquizofrenia, 10% a discapacidad intelectual y 5% debido a “trastornos mentales y comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas”.

Además, el estudio aporta los datos de egresos hospitalarios y señala que anualmente se producen un aproximado de “12.500 internaciones por diagnósticos de salud mental en el país”. De acuerdo al apartado, 18,5% de las internaciones se deben a episodios depresivos; 13,3% a trastornos de la personalidad; 12,3% a esquizofrenia; 6,5% a trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas, y 5,3% a trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol. El grueso de las internaciones, 56,9%, se efectuaron en la salud pública.

De acuerdo a la cifra preliminar del MSP, 2023 cerró con 754 suicidios, lo que significó una tasa de 21,1 por cada 100.000 habitantes. Si bien hubo una caída de 8,4% respecto al año anterior, período en que hubo 823 suicidios, los últimos tres años completan el podio de récords históricos en ese asunto y duplican las cifras de la década de 2010.