En una entrevista de poco más de una hora en el programa de streaming Campaña del miedo, el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, respondió sobre datos de seguridad y se prendió en algunas discusiones sobre la evolución de dos datos: la tasa de homicidios y la tasa de hacinamiento en cárceles de este gobierno en relación con los números recibidos al inicio de la gestión.
Homicidios
“Es falso que los homicidios hayan aumentado durante este gobierno”, respondió Sanjurjo ante la consulta de los conductores. Mencionó una medición que efectuó el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir en la que combinó los datos totales de homicidios en los primeros cuatro años de la última gestión del Frente Amplio (del 1° de marzo de 2015 hasta el 28 de febrero de 2019) y lo comparó con los cuatro años que van desde la asunción del actual gobierno hasta el 29 de febrero de este año.
Esos datos arrojan que el actual gobierno tuvo algunos homicidios más que la anterior gestión (1.409 contra 1.247), en esa selección de números parciales que contabilizan los homicidios durante los cuatro primeros años de gestión.
“Es trampita lo que hace Valdomir, porque nunca he visto que se midan así, sumando todos los años de una gestión y [que] compares con la otra. Además, no terminó este año. Pero, además, hay que valorar la efectividad de la gestión para dar un servicio. No es lo mismo agarrar un país con 200 homicidios y que queden 400, y que agarres uno con 400 y logres mantener estable y controlar. Es como una trampa”, indicó Sanjurjo a la diaria Verifica.
En efecto, si se tomara otro recorte, los números varían levemente hacia uno u otro lado, pero la tendencia se sostiene: los homicidios se han mantenido estables en torno a los 400 anuales, números similares a los que cerraron la gestión del Frente Amplio.
Si se sigue la idea de revisar gestiones completas, el resultado es que entre marzo de 2015 y febrero de 2020, período del gobierno anterior, se produjeron 1.661 muertes. Estos datos se recogen de los informes del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, para lo que este medio utilizó los más actuales posibles, dado que año a año suelen incrementarse los homicidios totales al asentarse las estadísticas de muertes dudosas o bien de registros posteriores.
Durante la actual gestión, entre marzo de 2020 y abril de 2024, se produjeron 1.435 homicidios. El número total, cuando aún restan diez meses de gobierno, es probable que esté cerca –e incluso un poco por encima– del anterior quinquenio, pero de cualquier modo serán similares: lo que se observa es continuidad.
Hacinamiento
“No estamos de acuerdo en que el hacinamiento sea peor que antes. Podemos estar de acuerdo en que hay más presos, porque fuimos mucho más efectivos metiendo personas presas y tenemos más presos, lamentablemente”, advirtió Sanjurjo cuando en el streaming se abordó el problema de la sobrepoblación en las cárceles.
Consultado por este medio, Sanjurjo dijo que tampoco es una buena medición comparar años, y señaló que, al igual que había dicho en la entrevista de Campaña del miedo, “antes que medir plazas habría que definir qué es una plaza carcelaria” y advirtió que es una deuda de Uruguay, “porque en el mundo aquello que se cuentan las plazas aquí no es igual en el resto del mundo”. Y señaló: “Si medimos las plazas como las medimos, terminaremos el gobierno sin hacinamiento o casi sin hacinamiento”, pero dijo no estar de acuerdo con esas mediciones. En el mismo sentido, los informes del Comisionado Parlamentario advierten sobre el problema de tomar plazas sólo como camas o colchones, pero reconoce que es la medida que se usa.
Los datos comparativos, de todos modos, señalan un crecimiento constante. Al pico de personas presas –que superó las 15.000 en 2023–, se le suma el agregado de plazas carcelarias –casi 2.000 nuevas–, que no alcanzan para paliar la sobrepoblación carcelaria (aunque se proyecten 2.000 más al final de la gestión).
Según datos a los que accedió este medio, en 2023, cuando se alcanzaron las 15.000 personas privadas de libertad, Uruguay contaba con cerca de 12.500 plazas carcelarias; es decir que tenía un índice de sobrepoblación que osciló entre el 120% y 130% durante el año pasado.
Esto ya fue señalado por la diaria en ocasión de la verificación del discurso de inicio del año parlamentario a cargo de Luis Lacalle Pou. Para entonces se observaba un déficit de alrededor de 3.000 plazas.
Si bien las autoridades señalan que el incremento de población en la cárcel ha sido consistente en los últimos 20 años, los datos de octubre de 2019 señalaban que había 11.200 personas privadas de libertad y se contaba con poco más de 11.800 plazas, esto significa que el hacinamiento ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años (incluyendo el último año de gobierno del Frente Amplio).
El informe del Comisionado Parlamentario en 2019 daba cuenta de esta situación: la densidad y hacinamiento crecieron ese año de 90% a casi 100%, es decir que se cubrieron casi la totalidad de las plazas disponibles. En 2020 señaló que el hacinamiento había crecido de 116% para marzo, cuando se produjo el cambio de gobierno. Y llegó hasta 127% en diciembre. Dicho organismo señala que se considera hacinamiento crítico a partir de una densidad del 120%.
Para 2021 subió por encima de 130% y, pese al aumento de plazas carcelarias señalado por las autoridades y mencionado por Sanjurjo, se mantiene relativamente estable desde entonces.
Los especialistas y autoridades consultadas –de ambos gobiernos, el actual y el anterior– reconocen que estos números ocultan una realidad más dispersa: hay (y hubo) hacinamiento en algunos módulos o cárceles y en otras no.
El marco general
Con relación a la situación delictiva general, Sanjurjo dijo que Uruguay es el país que más empeoró cifras de delitos entre 2005 y 2019 en toda Latinoamérica.
Consultado por la diaria Verifica, Sanjurjo explicó que basó sus afirmaciones en datos abiertos del Banco Mundial, que citó en varios trabajos académicos propios, y que muestran la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes y ubican a Uruguay como el cuarto país en esa estadística.
Para el doctor en Ciencias Sociales y especialista en temas de narcotráfico Gabriel Tenenbaun, esta medición es un error, porque compara 2005 con 2018 o 2019, los peores años históricos. Y sugiere: “Debería hacerse con series de tiempo largas calculadas en tasas de 100.000 de todos los países de Latinoamérica. No es posible sustentar una afirmación de ese tenor comparando dos valores de dos años y en un único indicador”.
Sobre medir la situación general observando la tasa de homicidios, indicó que “es un indicador robusto” aunque señaló algunos problemas: “Hay países en los que el nivel de desaparecidos es muy alto o cuyos sistemas de información son complejos”.
De todos modos, ambos especialistas coinciden en que la situación uruguaya ha empeorado consistentemente en los últimos 20 años. “Este gobierno mantiene los niveles más o menos del anterior”, concluyó Tenembaun, pero advierte que hay otros delitos u otras situaciones que también podrían tenerse en cuenta para analizar la situación general extendida en el tiempo.
Educación
Aunque reconoció que estaba fuera de su área de experticia, Sanjurjo también se refirió a los altos niveles de deserción estudiantil. Aunque fue un comentario general, consultado por este medio explicó que se refería a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que, en 2018, indicaban que Uruguay tenía el menor porcentaje de graduados en educación media entre 20 y 24 años. Los datos de la Unesco para el período 2000-2019 consignan la misma estadística: para entonces sólo un 41% de la población concluía los estudios secundarios. De todos modos, la Unesco señaló positivamente la mejoría en esas dos décadas analizadas.
Utilizando los datos de la Cepal, actualizados hasta 2022, se observa que Uruguay mejoró su situación hasta alcanzar una tasa de terminación de estudios secundarios cercana al 50% y superando en la comparativa a El Salvador, por ejemplo. Por otro lado, si se busca hacia atrás, los datos de la serie llegan hasta 2007 y se observa un crecimiento sostenido: desde el 28% ese año hasta el 50% de 2022, pasando por el 41% indicado en 2019 (año en que se produjo el cambio de gobierno).