El proyecto, coordinado por Anguirú-Laboratorio Disidente, generó instancias de formación dirigidas a la comunidad sorda y a intérpretes de lengua de señas, con el objetivo de reducir brechas y ampliar derechos.
La iniciativa propone, además, modificar el Código Penal con el fin de eliminar la no punibilidad cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y aumentar las penas para quienes practiquen abortos.
Especialistas en derechos sexuales y reproductivos de distintos países de la región intercambiaron sobre qué obstáculos existen en general y cuáles son las barreras específicas para varones trans, identidades no binarias y personas racializadas, entre otros grupos.
La cámara baja aprobó una iniciativa para incluir en la Constitución la “libertad garantizada” de las mujeres para abortar; el proyecto pasa ahora a manos del Senado, de mayoría conservadora.
Así lo confirmó el vocero presidencial el mismo día en que, por otra parte, el procurador del Tesoro dijo en una columna de opinión tener la “fundada esperanza” de que la derogación de la norma se pueda lograr este año.
Mientras la Suprema Corte de Justicia de México allana el camino para el derecho al aborto a nivel nacional, grupos como este encabezan una reacción antiderechos.
Aseguraron que las declaraciones “desconocen la realidad” de muchas mujeres y señalaron que el Estado “no ha implementado ni una sola política pública” para conocer sobre la problemática ni cuenta con “mecanismos especiales” de denuncia.