La fiebre del rosado

Esta es la historia de una orgía de gangas bajo el sol del Mediterráneo. En Provenza, 2022 ha sido un año récord para las transacciones de fincas vinícolas. Los viñadores locales, que nunca se habían atrevido a soñar con ello, contemplaron asombrados cómo las celebridades acudían en masa a las bastidas y sus viñedos: la pareja Sarkozy-Bruni¹, la élite de Hollywood (Brad Pitt, George Clooney, George Lucas), gestores de fondos privados con nombres desconocidos para el gran público, y una miríada de pequeños empresarios, más o menos jubilados, ávidos de adquirir activos libres de impuestos, con la ventaja añadida del sol y el rosado. Como dice una feliz propietaria de un castillo a los pies del Mont Sainte-Victoire: “Si Bernard Arnault, que es un visionario, decide invertir aquí, quiere decir que vale la pena”.

De 2019 a 2022, la llegada de Arnault, director ejecutivo de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), al valle de Esclans (45 kilómetros al norte de Saint-Tropez) marcó el punto cúlmine de la fiebre por el oro rosado que comenzó hace una década. En menos de cinco años, confinamiento incluido, el gigante mundial del lujo, el champán y el coñac se ha hecho con la totalidad o parte de cinco fincas, entre ellas tres clasificadas como crus (como se conoce en Francia a sitios de especial crecimiento en el campo del vino) de unas 400 hectáreas y las marcas más importantes de rosado de la Provenza.

Oficialmente, todos están contentos. Es la prueba de que, tras grandes esfuerzos, el rosado tiene su lugar entre los grandes vinos. La recompensa es la duplicación del precio de la uva y de las tierras de viñedos en los sectores más cotizados, y los ingresos de los cooperativistas—que ahora suministran uvas a LVMH u otra empresa— siguen la misma curva.

“Están contentos, todos se han comprado una de esas pick-ups enormes de lujo”, el accesorio por excelencia del viñador exitoso, se mofa Fabrice Raymond, viñador natural (Terres d’Esclans) y miembro de la Confederación Campesina. En agosto de 2022, el sindicato organizó una “vendimia salvaje” en una parcela del Château d’Esclans, propiedad de LVMH, en protesta por el acaparamiento de las tierras vitivinícolas. Su finca se encuentra, por así decir, “encajonada” entre dos propiedades de Arnault. “Antes había cinco o seis fincas en el valle de Esclans. Algunas buenas, otras no tanto, pero no importaba, había vida. Ahora tenemos robots en los viñedos. Y ni siquiera hablo del tipo de viticultura que se practica. Cuanto más compran, más pobres se vuelven intelectualmente los comprados”.

“Sabemos perfectamente cómo funcionan las cosas”, analiza Gwénaëlle Le Bars, una joven viñadora de Provenza que forma parte de la Sociedad de Ordenación Territorial y Establecimiento Rural (Safer), el organismo semipúblico que se encarga de preservar las tierras agrícolas, en nombre de la Confederación Campesina². “LVMH y otros compran la uva más cara. Todo el mundo les vende, incluso los proveedores históricos de las cooperativas, que se ven dificultadas. Y cuando el precio baje, será demasiado tarde. Todos se olvidan de que las cooperativas surgieron precisamente para contrarrestar el poder de estos grandes compradores”, se lamenta.

Mientras esperamos el estallido de esta burbuja, que algunos ya vaticinan, la gente está más preocupada por el impacto de la suba de los precios del suelo. “Si quiero legárselo a mis hijos, no tengo dinero para pagar la sucesión, no con botellas de ocho euros”, explica Fabrice Raymond. “Los viticultores no ven que están diluyendo su capital vendiendo sus uvas a estos tipos. Se van a dar cuenta cuando llegue el momento de dejarlas en herencia”. Puede ser, pero como cuenta una persona acostumbrada a este tipo de transacciones, “cuando los hijos van al escribano y se dan cuenta de que la finca pasó de cuatro a diez millones de euros, todos firman rápidamente la venta y no se muestran descontentos”.

El boom del viñedo provenzal comenzó hace una década, pero refleja un proceso de financiarización más antiguo. Si se tiene en cuenta que un viñador solía cultivar sus propias viñas (como propietario o arrendatario) y poseer la totalidad o parte del capital de su explotación, entonces se puede afirmar que, ahora, las viñas se alejan de forma progresiva de los viñadores.

El informe Safer 2022 lo muestra con claridad: “El mercado está impulsado por las personas jurídicas”. Así, las empresas adquirieron el 40 por ciento de los viñedos vendidos en 2022, mientras que el 7,1 por ciento de las tierras agrícolas francesas son propiedad de proveedores de capitales que no trabajan en la agricultura. Esta cifra es mucho mayor en la viticultura, donde “la desconexión entre la propiedad de la tierra y el capital de explotación y la práctica de la profesión ha estado en funcionamiento durante muchos años”, explica el sociólogo François Purseigle³. Según la agencia Vinéa Transaction, los verdaderos “profesionales del vino” representan menos de la mitad de las transacciones, y se trata principalmente de gigantes del comercio como Castel o Gérard Bertrand, que buscan asegurar su abastecimiento de uva o jugo, ganar legitimidad o crear instalaciones de enoturismo. Los “jóvenes viñadores”, por su parte, representaron solamente el tres por ciento de las transacciones en 2022. Entre los “no profesionales del vino” que compran fincas vitícolas (71 por ciento del mercado, en valor), la mayoría son inversores europeos (28 por ciento en un marco en el que los extranjeros poseen el dos por ciento de los viñedos franceses). Les siguen los “nuevos viñadores” que cambian de profesión (21 por ciento) y los “falsos empresarios jubilados” (20 por ciento) ávidos de optimizar su situación fiscal.

Por supuesto, estas cifras no tienen en cuenta la multitud de disposiciones jurídicas posibles, con o sin la casa, el nombre del viñador, la finca, las viñas o el equipamiento, etcétera. Las agrupaciones de inversión territorial también pueden reunir a varios propietarios bajo una misma entidad. Y, sobre todo, las empresas agrícolas también se venden en acciones, un mercado de 200.000 hectáreas al año que escapa en gran medida a la regulación de la Safer. La llamada ley Sempastous (por el diputado Jean-Bernard Sempastous), votada en 2021, lucha por frenar este fenómeno.

Más allá del simbolismo, la metamorfosis del sector se refleja en la profesión del viñador. “Es una auténtica hemorragia del mundo agrícola”, advierte Raymond. No solamente el que (o la que) “se sube al tractor” ya no es propietario, sino que cada vez es más un empleado, a veces incluso de una empresa de servicios vitícolas. La agricultura —y la viticultura en particular— se está convirtiendo en un paraíso para los subcontratistas, cuyo uso se duplicó entre 2016 y 2022, con un mercado estimado en 4.000 millones de euros.

Cerca del cinco por ciento de las explotaciones vitícolas francesas delegan incluso todo su trabajo en un responsable del cultivo tercerizado, en lugar de arrendarlo⁴. “Empresas como LVMH ni siquiera quieren empleados; todo se hace por prestación de servicios”, observa Le Bars. “Tienen un enólogo y un asesor agronómico que elabora el plan de cultivo, uno o dos tractoristas al año y las empresas externas hacen todo el trabajo manual”. Otra opción es la integración. “Por ejemplo, uno de los grandes recién llegados dejó la mayor parte de la tierra a un local, al que recomprará las uvas”, señala Le Bars. “El trabajador pasa a formar parte de una cadena de producción, y es él quien asume los riesgos climáticos”. En ambos casos, el objetivo es “gestionar la finca” de manera que genere ingresos para los socios, en lugar de remunerar el trabajo de producción. La “tercerización” de la vitivinicultura está en marcha.

“¿Y qué?”, responden varios observadores. Según el economista bordelés Jean-Marie Cardebat, el fenómeno es virtuoso en términos globales: “Estos nuevos actores están más estructurados, son más sólidos financieramente y capaces de generar beneficios donde los agricultores no podían. ¡Es muy sólido!”. Cita el ejemplo de la crisis de Burdeos, donde se arrancarán entre el 10 por ciento y el 30 por ciento de las viñas: “Hay 6.000 productores, cada uno con un paro limitado, que ni siquiera ganan el salario mínimo, aunque trabajan mucho. Sería mejor para ellos ser contratados por un grupo”, opina. El único riesgo sería que se cree “un monopolio por concentración, pero estamos todavía lejos de eso. En lugar de tener 5.000 etiquetas de Burdeos diferentes, que son demasiadas, vamos a tener 200 para 2035. Y eso estará muy bien”.

Sin embargo, “el fenómeno de la concentración va aparejado de una disminución del empleo”, replica Tanguy Martin, coordinador de Terre de Liens (un movimiento ciudadano que trabaja desde hace 20 años para salvaguardar las tierras agrícolas). “Y los empleados no vivirán mejor que el viñador independiente. Es cierto que una pequeña élite local se convertirá en gestores de viñedo. Pero para el resto será arduo”.

De acuerdo con las estadísticas de Agreste 2020, el 80 por ciento de los empleados agrícolas están precarizados (contratos temporales, estacionales o pasantías), y la gran mayoría son mujeres. La proporción de trabajadores desplazados, enviados temporalmente a Francia para tareas puntuales como la poda de viñedos, es más importante en la agricultura (70.000 contratos declarados en 2017) que en la construcción. “Y ni hablar de la cuestión medioambiental”. “El campesino vive pobre y muere rico”, dice la sabiduría popular. “Tanto mejor para los viñadores que le sacan provecho”, suspira un observador provenzal. “Es su momento, los hace quedar bien y da la ilusión de que sacan a todo el mundo adelante. Pero a este paso, dentro de una generación no quedará nadie para verlo”.

Julie Reux, periodista. Creadora del periódico independiente Vinofutur, dedicado al futuro del vino.