En el altar de la agroindustria

En cuanto se generalizaron los bloqueos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su primer ministro, Gabriel Attal, cedieron a las demandas de la mayor organización agrícola, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), pero no a las demandas de una renta digna formuladas por otras organizaciones. El gobierno está orquestando un gran salto hacia atrás en materia de salud y medio ambiente, en un momento en el que los agricultores son las primeras víctimas del uso desmedido de pesticidas y otros productos sintéticos, como atestiguan numerosas publicaciones científicas¹.

La “revuelta de los tractores” expresa la crisis interna de un modo de desarrollo nacido en los albores de los años 1960 caracterizado por enormes disparidades². Mientras que el 10 por ciento más rico de los agricultores vive con al menos 44.600 euros al año, el 10 por ciento más pobre no supera los 10.900 euros anuales. El índice de pobreza en esta profesión es, por lo tanto, del 16 por ciento, frente al 14 por ciento de la población en general. Entre 1970 y 2020, el número de explotaciones agrícolas se redujo a un cuarto, pasando de casi 1,6 millones a 390.000, mientras que su tamaño sigue aumentando. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), Francia podría tener sólo unas 275.000 explotaciones agrícolas en 2035. Por último, el grueso de los empleos del sector son 800.000 empleados agrícolas, técnicos y trabajadores agrícolas, incluidos 120.000 jornaleros, en su mayoría extranjeros en situación migratoria precaria, que son los primeros en estar expuestos a productos peligrosos³.

La productividad ante todo

Unos meses antes, el 16 de noviembre de 2023, la Unión Europea había vuelto a aplazar por diez años la prohibición del glifosato, enterrando una de las promesas de Emmanuel Macron en 2017: prohibir su uso “a más tardar dentro de tres años”⁴. Para satisfacer a la FNSEA, Gabriel Attal anunció el 1º de febrero que el plan Écophyto, un programa de reducción de pesticidas lanzado en 2008 bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy con el objetivo inicial de reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2018, quedaría “en suspenso”. En 2015, el plan Écophyto 2 retrasó el plazo a 2025, antes de que un nuevo plan Écophyto 2+, adoptado en 2018, desplazara el objetivo a 2030. La suspensión decidida por el primer ministro francés va acompañada de una revisión de los criterios utilizados para evaluar la nocividad de los pesticidas⁵. Al día siguiente del anuncio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, decidió retirar el reglamento sobre pesticidas –uno de los ejes principales del “Pacto Verde”– que obligaba a reducir a la mitad el uso de estos productos de aquí a 2030.

Sin tener en cuenta la salud pública ni la biodiversidad –aunque afirme lo contrario–, el 7 de febrero, el ministro de Agricultura francés, Marc Fesneau, indicó en el Senado su intención de apelar las sentencias judiciales que anulan la aprobación de cinco “cartas” que regulan las zonas de no tratamiento (ZNT). En una decisión fechada el 19 de marzo de 2021, el Consejo Constitucional francés dictaminó que el sistema por el que estas “cartas de compromiso” eran elaboradas por los propios agricultores no se ajustaba a la Carta del Medio Ambiente, incorporada a la Constitución en 2004. Desde entonces, las asociaciones de protección del medio ambiente han hecho anular una a una estas “cartas” aprobadas por las intendencias departamentales. Los documentos en cuestión tienen por objeto esencialmente derogar las ZNT, que prohíben el uso de productos fitosanitarios peligrosos a una distancia mínima (20 metros o menos, según los casos) de las viviendas o las escuelas. La salud de los niños y los campesinos vale menos que la productividad.

El 30 de enero, el primer ministro se comprometió de nuevo ante la Asamblea Nacional a evitar “cualquier riesgo de transposición excesiva” de las normas europeas, en particular las relativas a las sustancias fitosanitarias. Desde 2015, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria y Alimentación, del Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES) evalúa las autorizaciones de comercialización de estos productos, mientras que antes estas decisiones eran competencia del Ministerio de Agricultura. “No tiene sentido que la ANSES tome decisiones sin coordinarse con el ente regulador europeo”, declaró Attal, proclamando que “saldremos de esta situación”⁶.

Tales comentarios reflejan la escasa consideración que el gobierno tiene hacia los agricultores, pretendiendo solucionar un problema que casi nunca se plantea. Cuando se trata de agricultura, la mayoría de las normativas europeas sobre productos fitosanitarios no tienen que ser validadas por el Parlamento francés, porque ¡son directamente aplicables! Y cuando una directiva europea fija sólo un mínimo común a todos los Estados miembro, es muy raro que Francia sea más restrictiva. Al contrario, junto con España y Grecia, Francia es el país europeo que autoriza más pesticidas⁷.

En las zonas rurales, el principal problema es el incumplimiento de la normativa. Esto se aplica a todas las formas de contaminación agrícola: pesticidas, nitratos, destrucción de biodiversidad, etcétera. A escala europea se han presentado muchos litigios contra la ineficacia de las políticas medioambientales, ya sea en materia de control de los productos fitosanitarios, preservación de los humedales o mejora de la calidad del agua o del aire.

“Tenemos los niveles más altos de calidad sanitaria y medioambiental de Europa, y no estamos diciendo que debamos retroceder en ellos. Sólo pedimos que dejen de añadir capas adicionales que nos impiden producir”, declaró a Ouest-France el presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau, el 29 de enero. Su organización codirige la política agrícola con el Ministerio de Agricultura desde hace más de medio siglo, y negoció la reciente “salida de la crisis” de forma directa con Attal y Fesneau. Al contrario de esta afirmación, Francia sigue utilizando cada año grandes volúmenes de pesticidas y cantidades aún mayores de herbicidas⁸.

Por otra parte, una especie de impunidad tiende a prevalecer en los casos de violencia contra funcionarios públicos. El 18 de enero, una explosión destruyó el edificio de la Dirección Regional de Medio Ambiente, Desarrollo y Vivienda (DREAL) en Carcassone (Aude). El 28 de enero apareció estiércol vertido delante de la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) de Le Quesnoy, en el norte de Francia. Sin embargo, Attal anunció que esta oficina de vigilancia y control pasaría a depender de los intendentes, más proclives a favorecer los intereses económicos agrícolas antes que las problemáticas medioambientales.

Estas renuncias masivas preocupan a los ecologistas, como Antoine Gatet, presidente de France Nature Environnement (FNE), quien expresó en una entrevista concedida al sitio web Actu-Environnement el 1º de febrero: “El acceso a la justicia medioambiental exige controles y un respeto estricto de la separación de poderes. [...] Es absolutamente escandaloso que el Poder Ejecutivo se tome la libertad de criticar al Poder Judicial por hacer su trabajo de control y de imposición de sanciones”. Muchas investigaciones han demostrado que el nivel de controles es insuficiente y que las sanciones por infracciones medioambientales son poco severas. Gatet concluye que sería mejor “reforzar la policía medioambiental”.

Frente a este tipo de delitos, el gobierno se declara laxo de forma explícita. “Oigo hablar de doble moral”, dijo Gérald Darmanin el 30 de enero en France 2. “Me niego a enviar a CRS a que persigan a personas que trabajan. Está fuera de toda discusión tratar a las personas que trabajan como si fueran delincuentes”. Los millones de trabajadores que se manifestaron para defender su jubilación apreciaron la distinción, al igual que los defensores de la biodiversidad apaleados en Sainte-Soline y los chalecos amarillos mutilados.

Por la soberanía alimentaria

La “crisis de los tractores” plantea interrogantes sobre la evolución de un modelo agrícola cuyos actores dominantes, encarnados por la FNSEA, lo han apostado todo a la exportación, en detrimento de una verdadera soberanía alimentaria. Es cierto que los vinos, licores, cereales, azúcar y lácteos franceses se exportan bien. Pero la apertura a los mercados mundiales tiene su corolario: un aumento paralelo de las importaciones. Francia importa de manera masiva no sólo productos tropicales que no pueden producirse en el país, sino también gran proporción de frutas, legumbres, féculas y carnes producidas a menor costo de mano de obra y sin ninguna garantía de cumplimiento de las normas medioambientales.

Al entrar en dura competencia con los cereales procedentes del resto de Europa, en particular de Francia, las exportaciones ucranianas han puesto de manifiesto los límites del modelo, incluso a sus más férreos defensores. Como reconoció el presidente de la FNSEA en Ouest-France: “Tenemos que apoyar a los ucranianos, y es lógico que los puertos europeos estén abiertos a sus productos agrícolas para que puedan ser transportados a otros países. Pero Europa no puede ser el receptáculo de toda esta producción. Necesitamos reglas de juego, con volúmenes que puedan entrar en nuestro mercado, y cupos. Más aún con Ucrania, donde muchos productos prohibidos en nuestro país se siguen utilizando ampliamente”.

Con una visión cortoplacista dictada por los agricultores más ricos, la orientación propiciada por el gobierno, y confirmada por el proyecto de ley presentado al Consejo de Ministros el 5 de abril, consiste en anclar la agricultura francesa en un modelo intensivo que está agonizando, con costos sociales y medioambientales desorbitantes. Al apostar a toda costa por el libre comercio y la exportación, estamos abriendo el camino a las importaciones de productos de calidad inferior, al tiempo que empobrecemos los suelos y amenazamos el futuro de la producción nacional. Por otra parte, los agricultores franceses podrían satisfacer las necesidades de los consumidores del país en casi todos los alimentos. Aplicar y defender en Francia y en Europa normas sociales y medioambientales exigentes y trabajar en estrecha colaboración con los actores sobre el territorio es la manera de garantizar sus ingresos, convirtiendo la calidad en garantía de soberanía alimentaria.

Marc Laimé, periodista. Traducción: Emilia Fernández Tasende.