El proceso de radicalización política y la violencia represiva ejercida por el Estado en dictadura se desarrollaron con intensidad en Juan Lacaze, Colonia, especialmente en la industria textil Campomar y Soulas. Hasta el golpe de Estado de 1973, la ocupación de esa fábrica por parte de los obreros y la presencia de los militares y policías para desalojarlos fueron recurrentes. Durante la dictadura, resultó evidente el poder hegemónico que desarrolló la empresa con el apoyo del régimen cívico-militar en esa localidad.

Un repaso de la prensa local de la época permite visualizar que la confrontación no sólo ocurría en el ámbito de las relaciones laborales en las dos grandes empresas –Campomar y Fábrica Nacional de Papel–, sino también dentro de la Agremiación Obrera Textil (AOT) y en otras instituciones locales, donde en el funcionamiento de las comisiones directivas se trasladaban las diferentes posiciones que los actores tenían acerca del acontecer político.

Resulta difícil enumerar la cantidad de conflictos y ocupaciones que se registraron en esa localidad, desde 1968 hasta 1973, en la fábrica textil. Fueron decenas, y esas situaciones no sólo provocaron molestias entre los empresarios, que perdían productividad en sus negocios, sino que también generaba divisiones entre los más de 1.000 trabajadores textiles, que no siempre compartían orígenes ni tradiciones políticas.

A nivel de las adhesiones políticas partidarias, en las elecciones de 1971, cuando participó por primera vez la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA), en la localidad el triunfo le correspondió al Partido Nacional, con 4.012 votos, seguido por el Partido Colorado, con 2.924 votos, mientras que el FA logró 2.144 votos (23%, que superó levemente a la media nacional de 21,3%).

No obstante, en ese marco de confrontación hubo momentos en los cuales trabajadores y empresarios se pusieron de acuerdo, como en mayo de 1972, cuando articularon un discurso público y paralizaron las actividades en forma consensuada, para reclamarle al gobierno medidas de protección a la industria nacional.

El comercio local también realizó acciones de modo coordinado y en más de una oportunidad se decidió cerrar las puertas durante toda una jornada para reclamar contra el alza de los precios. Las medidas de paro y las celebraciones del 1º de Mayo también concitaron una alta adhesión por parte de los lacazinos. Según el periódico Claridad, ese año se realizó “el mayor festejo” del 1º de Mayo de la historia de la localidad. Durante ese año también se realizaron movilizaciones “antifascistas” organizadas por los diferentes sindicatos locales.

Las fuerzas represivas realizaron aparatosos despliegues en la ciudad. La Justicia militar procesó a 49 lacazinos desde 1972, además seis fueron muertos, cinco de ellos en prisión o por torturas, y tres se encuentran desaparecidos.

La huelga general del 73

Apenas se traspasa unos metros el portón de ingreso a la extextil Campomar y Soulas, sobre el ala derecha del kilométrico pasillo, hay una plaqueta que recuerda los nombres de los 53 obreros destituidos por adherir a la huelga general de 1973. Sin embargo, la cantidad de obreros perseguidos superó largamente esa lista.

El recordado dirigente sindical Lorenzo Clara (fallecido en 2014), en 1973 abandonó la fábrica e instaló un taller de reparación de bicicletas. Al igual que él, más de dos centenares de trabajadores se retiraron de un espacio donde la represión se había instalado fuertemente. Otros fueron despedidos por la empresa, con pago de indemnizaciones. La mayor parte de ellos debió abandonar la ciudad. En una entrevista realizada en 2007, Clara contó que en 1973 la textil ocupaba cerca de 1.700 trabajadores y que “mucho menos de la mitad” participó en la ocupación de la empresa.

La ocupación de la textil se desactivó durante los primeros días de julio, cuando la policía y el Ejército sacaron por la fuerza a quienes se mantenían dentro del espacio físico. La dirección de la empresa convocó a los trabajadores a firmar un documento mediante el cual declinaban de la pretensión de seguir adelante con el conflicto. La amplia mayoría de los trabajadores concurrió a firmar. Durante ese año, la actividad de la AOT sería ilegalizada por parte del gobierno dictatorial y en 1974 surgiría el gremio amarillo Sociedad de Obreros y Empleados de la Industrial (SOELI), que ocuparía las viejas instalaciones del gremio clasista.

Los 53 trabajadores destituidos, en tanto, jamás cobraron la indemnización por ese despido arbitrario. Después de un largo proceso de idas y vueltas, fueron acogidos por la Ley 18.033 de 2006 que, entre otras cosas, estableció que a la hora de hacer el cálculo jubilatorio serían computados como efectivamente trabajados los años comprendidos entre el período 1973 y 1985, y se les aseguró una jubilación mínima equivalente a cuatro bases prestaciones básicas, actualmente unos 22.000 pesos.