Hoy es 17 de mayo. Faltan 44 días para las elecciones internas y 163 para las nacionales.

Las elecciones se acercan, el elenco de dirigentes partidarios está cada vez más volcado hacia las actividades de campaña y, como reconoció el senador nacionalista Jorge Gandini en el debate sobre el proyecto de nueva ley de medios, el oficialismo asume que en los próximos meses muchas convocatorias a sesiones parlamentarias no reunirán el cuórum necesario. Por lo tanto, hay quienes pisan el acelerador para la aprobación de proyectos regresivos y el freno para los de contenido progresista. Repasemos el panorama del mes en curso.

El martes 7 se rechazó el proyecto de paridad en cargos electivos y de conducción política. El 14 se derogó una norma que facilitaba la habilitación del voto en el exterior, se aprobó el proyecto de internación involuntaria de personas en situación de calle y quedó al borde de la aprobación el de nueva ley de medios. El 15 se aprobó el de liberación de los llamados “archivos de la dictadura”.

Todo viene encaminado para que pronto se rechace el proyecto sobre eutanasia y se aprueben el de feriados religiosos, el de modificación de la ley orgánica militar y el de prisión domiciliaria, que beneficiaría a represores participantes en el terrorismo de Estado.

Con este panorama, es bueno que haya quienes se esfuerzan por reducir daños. Tras la mencionada aprobación de la ley de internación forzosa, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le presentó a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes un anteproyecto propio, que establece garantías para que las personas con problemas de salud mental puedan plantear su oposición a permanecer contra su voluntad en hospitales, y las mayores de 65 años puedan hacer lo mismo en centros de larga estadía.

Lo primero que llama la atención es que sea necesario establecer esas garantías, pero lo es. La ley de salud mental, por ejemplo, permite que el Poder Judicial disponga internaciones involuntarias por un período determinado, pero no prevé que, antes del plazo fijado, las personas puedan apelar a la Justicia para que se interrumpa la internación (ni siquiera si la situación por la cual se dispuso esa medida fue superada).

La iniciativa de la INDDHH les reconoce a las personas hospitalizadas o institucionalizadas contra su voluntad el derecho de contar con un representante legal, a fin de presentar evidencias y testimonios para que la decisión sea revisada, y establece que también pueden iniciar el procedimiento sus familiares, sus parejas u otras personas que prueben “un vínculo afectivo cercano”. Que se plantee esta oposición no desembocará siempre en que la medida quede sin efecto, pero sin duda el proceso propuesto es más respetuoso y garantista.

La INDDHH cumple con cometidos muy necesarios que le asigna la ley: “emitir opiniones, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley [...] relacionados con los derechos humanos”; y “recomendar a las autoridades competentes la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos”. El organismo, a menudo criticado en forma injusta, demuestra una vez más que fue un acierto su creación en 2008.

Hasta el lunes.