Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hoy es 22 de abril. Faltan 69 días para las elecciones internas y 188 para las nacionales.

De cinco propuestas de reforma constitucional anunciadas, sólo es seguro que una será sometida a plebiscito en forma simultánea con las elecciones nacionales de octubre: la que propone facilitar los allanamientos nocturnos, propuesta con el apoyo (oficialista) de dos quintos de quienes integran la Asamblea General. De las otras cuatro, una está planteada por la misma vía, con miras a democratizar el ingreso y los ascensos de funcionarios públicos, y su pasaje a consulta popular depende de la decisión que adopte el Frente Amplio (FA), en el que el único acuerdo hasta el momento es que la totalidad de su bancada adoptará la misma actitud ante la iniciativa del sector colorado Ciudadanos.

Las tres restantes se impulsaron mediante el procedimiento de iniciativa popular, que requiere reunir las firmas de 10% de las personas que figuran como habilitadas para votar en el Registro Cívico Nacional, o sea, unas 270.000, antes del sábado para que sean plebiscitadas en octubre. Todo indica que el Movimiento Uruguay Soberano no ha llegado ni cerca de esa cantidad, y las otras dos son las del PIT-CNT, sobre seguridad social, y la de Cabildo Abierto (CA), sobre reestructura de deudas personales.

La central sindical anunció a comienzos de este mes que ya tenía más de 246.500 firmas y expresó su confianza en alcanzar el objetivo, mientras que los cabildantes afirman que les faltan “unas 60.000” y no parecen muy seguros de que puedan sumarlas en lo que queda de esta semana.

La Constitución dice que, si la Corte Electoral verifica que se ha reunido la cantidad requerida de firmas válidas, la consulta popular se debe realizar “en la elección más inmediata”, y CA maneja la posibilidad de continuar con la recolección, a fin de que su proyecto se plebiscite junto con las departamentales del año que viene. Cabe una discusión jurídica al respecto, pero la gran pregunta es si los cabildantes lograrán el apoyo necesario.

10% puede parecer poco, pero 270.000 firmas son muchas, y los votos obtenidos por CA en 2019 fueron 268.736. Además, no se trata sólo de cuánta gente está dispuesta a firmar, sino también de desplegar en todo el país una estructura capaz de llegar hasta esas personas, de convencer a otras y de manejar con eficiencia una enorme cantidad de papeletas.

Los cabildantes manejaron como referencia numérica la cantidad de personas que figuran como deudoras en el Clearing de Informes, que, según dicen, son un millón. En tal caso, bastaría con que firmara poco más de una cuarta parte de la gente presuntamente beneficiada por el proyecto, pero algo no funcionó de acuerdo con lo previsto. Es posible que CA no haya logrado contactar a sus objetivos, que mucha gente endeudada no se haya convencido de que los efectos de la reforma le convienen o que lo del millón sea exagerado. En todo caso, si los cabildantes pensaron que el “plebiscito contra usura” iba a fortalecerlos con miras a octubre, es probable que se hayan equivocado.

Lo del FA es muy distinto. Cuenta por sí solo con la cantidad de legisladores necesaria para que haya consulta popular en octubre, y lo que tiene que decidir es si quiere lograr ese resultado.

Hasta mañana.